El Plan del Muro Fronterizo Pone en Riesgo el Agua Potable, Tierras Privadas y el Parque Nacional Big Bend

Legisladores y residentes de Texas advierten sobre daños irreversibles a las comunidades del sur de Texas y al Río Grande

Contacto de prensa: Alejandro Davila, adavila@earthjustice.org

WASHINGTON, D.C. — Seis congresistas demócratas de Texas se unieron hoy en el Capitolio de los EE. UU. a residentes de Texas y defensores nacionales para dar la voz de alarma sobre el plan de la administración Trump para construir un muro fronterizo de 46.500 millones de dólares; una propuesta de gran envergadura que implicaría la expropiación de tierras privadas, exacerbaría los eventos de inundaciones mortales y causaría daños irreparables a las comunidades de Texas y al Parque Nacional Big Bend.

Los representantes Lloyd Doggett (TX-37), Greg Casar (TX-35), Christian Menefee (TX-18), Al Green (TX-09), Sylvia Garcia (TX-29) y Lizzie Fletcher (TX-07) se situaron junto a propietarios de tierras, miembros de la comunidad y defensores para exigir que el Congreso revoque la financiación destinada al muro, cancele los contratos existentes y derogue la autoridad de exención ilegal de la administración.

La administración Trump podría imponer a la fuerza la construcción de un muro fronterizo a través del Parque Nacional Big Bend, un plan innecesario y profundamente perjudicial. El terreno remoto, montañoso y escarpado de la región hace que esta zona resulte poco propicia para los cruces; sin embargo, la administración pretende construir a través de unas 800.000 acres de desierto de Chihuahua y ecosistemas montañosos, en un área donde el mantenimiento de un muro resultaría poco práctico y sumamente costoso.

«Big Bend es el motor vital de nuestra economía local», afirmó Billy Bartko, propietario del Far Flung Outdoor Center. «Un muro fronterizo que atraviese esta región sería una catástrofe para nuestra comunidad y para todo estadounidense que ame los espacios naturales».

Y si bien la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza eliminó discretamente las barreras físicas de sus planes del “Mapa de Muro Inteligente” (Smart Wall Map) para el Parque Nacional Big Bend y el Parque Estatal Big Bend Ranch el pasado mes de marzo, la administración no ha hecho promesa alguna de mantener la construcción del muro fronterizo fuera de estos parques nacionales.

“Necesitamos que el Congreso le diga a la administración que no es demasiado tarde para poner en pausa la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, dialogar con los tejanos y encontrar un camino a seguir que no perjudique a nuestros queridos parques nacionales ni a nuestras comunidades», declaró Cary Dupuy, directora regional en Texas de la Asociación para la Conservación de los Parques Nacionales. “Big Bend no es lugar para un muro fronterizo”.

La amenaza no se detiene en Big Bend. En el sur de Texas, la administración planea construir 108 millas de muro fronterizo y colocar 153 millas de boyas fluviales en los condados de Webb y Zapata, lo que incluye la expropiación de terrenos ribereños en Laredo mediante el derecho de expropiación forzosa (dominio eminente). El proyecto despejaría e industrializaría un amplio corredor a lo largo del Río Grande, alterando de forma permanente el ecosistema del río.

“El Río Grande es la arteria vital de esta región, compartida por millones de personas en ambos lados”, afirmó Tricia Cortez, directora ejecutiva del Centro Internacional de Estudios del Río Grande. «Colocar un muro y boyas flotantes en este río es una imprudencia que pondrá en peligro vidas humanas a causa de inundaciones catastróficas».

La construcción del muro fronterizo va acompañada de docenas de exenciones que eluden las leyes de protección ambiental, de salud pública y cultural. La construcción del muro y de las boyas aumentaría los riesgos de contaminación y sedimentación en el Río Grande, el cual abastece de agua a más de 15 millones de personas. También perturbará el flujo natural del río. Estos cambios incrementarán el riesgo de inundaciones, dañarán los ecosistemas y encarecerán el tratamiento del agua.

“Nuestra comunidad ya ha sido testigo de inundaciones catastróficas que arrasaron con propiedades. Si se construye el muro, las lluvias torrenciales inundarán mi vecindario y se perderán vidas», declaró Jasmin Vega, residente de un barrio ribereño en Laredo, Texas. «Esto es inaceptable. Nuestras vidas importan”.

Este año ya se han presentado docenas de demandas de expropiación forzosa contra propietarios de tierras en Texas, con escasas garantías de recibir una compensación justa. Además, las estructuras concentrarían las aguas de las inundaciones, elevando el riesgo de crecidas severas en las comunidades ribereñas y poniendo en peligro los puentes y otras infraestructuras situadas aguas abajo.

“El gobierno federal pretende expropiar tierras que han pertenecido a la ciudad y a sus residentes durante generaciones. Nos aislará del río, que es nuestra única fuente de agua potable», señaló Melissa Cigarroa, concejala de la ciudad de Laredo y propietaria de tierras. «Interferirá con los sistemas de agua, aguas residuales y drenaje pluvial, amenazando así la salud pública y la seguridad de nuestra comunidad».

Antes de la llegada de esta administración, los contribuyentes ya habían asumido una carga económica de aproximadamente 18.740 millones de dólares para la construcción de más de 700 millas de un muro fronterizo perjudicial e ineficaz. Todo esto ocurre en un momento en que los condados estadounidenses situados a lo largo de la frontera sur presentan una tasa de pobreza que duplica, aproximadamente, el promedio nacional. Los expertos señalan que se observan disparidades similares en los ámbitos de educación, acceso a la atención médica y perspectivas de crecimiento económico.

“Este plan no es solo imprudente; es un abuso”, afirmó Raúl García, vicepresidente de Política y Legislación de Earthjustice Action. “La administración está arrasando con protecciones fundamentales, expropiando tierras a familias y poniendo en riesgo el suministro de agua potable de millones de personas; todo ello en aras de un proyecto destinado al fracaso. El Congreso debe intervenir y detenerlo”.